Chile quiere que hospitales y escuelas delaten migrantes irregulares para expulsarlos
Gobierno presiona para que hospitales y colegios revelen datos de migrantes ilegales
El Ejecutivo de José Antonio Kast impulsa una reforma que obliga a instituciones de salud y educación públicas y privadas a entregar información sobre migrantes irregulares. La intención: facilitar su expulsión administrativa.
¿Qué plantea la reforma?
Organismos estatales y privados deberán proporcionar datos personales como domicilio, teléfono y correo electrónico de extranjeros en procesos migratorios. La medida busca centralizar y agilizar la acción contra más de 330.000 extranjeros que viven en situación irregular, según el INE.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Kast insiste en que «ordenar» la entrega de prestaciones sociales y servicios es clave para controlar el gasto y evitar abusos. Asegura que la migración irregular está relacionada con el aumento de la criminalidad y que sin datos concretos es imposible manejar la situación. Detrás del discurso, está la intención clara de implementar un sistema de vigilancia directa en instituciones clave.
¿Qué sigue?
La iniciativa abre la puerta a un acceso legislado a información sensible que hasta ahora quedaba protegida. Con la frontera en obras para blindar ingresos irregulares y vuelos de expulsión en aumento, el gobierno busca desactivar el creciente flujo migratorio descontrolado. Sin embargo, la falta de acuerdos diplomáticos, especialmente con Venezuela, complica las deportaciones. La pregunta real: ¿podrá Chile equilibrar seguridad sin sacrificar garantías y privacidad en nombre del control migratorio?