Postergan juicio de Ramón Centeno pese a su grave salud: ¿justicia o castigo?

Audiencia de Ramón Centeno aplazada otra vez, pese a su salud crítica

Ramón Centeno, periodista con casi cuatro años tras las rejas por causas políticas, no logra cerrar su capítulo judicial. El 2 de febrero el juicio que lo tiene en espera se postergó nuevamente, aunque él llegó al tribunal en silla de ruedas y con claras dificultades físicas.

Un proceso judicial que transforma la justicia en castigo

Centeno fue liberado el 14 de enero, pero su causa sigue abierta y debe presentarse periódicamente ante un tribunal que demoró casi dos años en avanzar. El ingreso al Palacio de Justicia de Caracas fue un desafío físico: hubo que cargarlo para salvar las escaleras. La próxima cita es el 4 de febrero.

¿Por qué esto cambia el escenario político y judicial?

Este caso revela que la persecución política sigue vigente aunque se disimule con excarcelaciones. La prolongación del proceso ha tenido un costo humano irreversible: la muerte de su madre, víctima indirecta de esta presión judicial que desgasta familias enteras.

El Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa resaltan la responsabilidad de Centeno al presentarse pese a su malestar. Pero también denuncian que esta estrategia dilatoria es parte de un manejo judicial que mantiene la amenaza activa sobre los críticos del régimen.

¿Qué sigue después de esta nueva postergación?

  • Si la demora continúa, el desgaste físico y moral podría impedir que Centeno defienda su causa en condiciones mínimas.
  • Este método sostiene una estrategia política que evita resoluciones claras y transparentes, erosionando la confianza en las instituciones.
  • El caso expone un problema mayor: la justicia convertida en instrumento de presión política, con consecuencias para la libertad de prensa y la vida personal de quienes cuestionan al poder.

Esta historia no solo es la de un periodista detenido. Es la muestra palpable de cómo los procesos judiciales engrosan una agenda política destinada a silenciar, alargando conflictos que afectan la integridad y la seguridad de los ciudadanos.

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