Víctor Quero murió bajo custodia estatal. Nadie rinde cuentas.
El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales rompió el silencio oficial y exigió a la Fiscalía investigar con rigor la muerte de Víctor Quero el 7 de mayo del año pasado, mientras estaba preso.
Según el Comité, la ausencia de respuestas y la demora en informar plantean graves dudas sobre la responsabilidad del Estado. El caso llegó a conocerse prácticamente un año después, mientras Quero permaneció desaparecido por más de un año y cuatro meses, sin que sus familiares obtuvieran información.
¿Por qué la Fiscalía guardó silencio? ¿Por qué la Defensoría proporcionó datos falsos?
El Comité señala directamente al Fiscal General Tareck William Saab, al Ministerio Público y al Ministerio para el Servicio Penitenciario como responsables de la opacidad que ha rodeado este caso. Las preguntas no se cierran:
- ¿Por qué no se actuó cuando Víctor Quero desapareció?
- ¿Por qué se mintió a la familia?
- ¿Por qué la confirmación oficial llegó casi un año después de la muerte?
Esta omisión cambia el escenario
El silencio prolongado no es sólo negligencia: es una señal clara de complicidad institucional en un caso que pone en riesgo la confianza en las instituciones encargadas de la legalidad y seguridad.
Si estas preguntas no encuentran respuesta, la impunidad se convertirá en política de Estado. El Gobierno debería prepararse para enfrentar el costo político y social que esto implica.
¿Qué viene ahora?
La presión pública y el reclamo por justicia se intensificarán. El Comité y sectores ciudadanos exigen responsabilidades claras y sanciones concretas. No hay margen para la indiferencia, porque detrás de este caso está la integridad de todo el sistema de justicia.