236 muertos en discoteca Jet Set: el colapso que revela privilegios y negligencias
Una fiesta que terminó en horror
La noche del 7 de abril de 2025, el icónico Jet Set de Santo Domingo colapsó, sepultando a 236 personas bajo toneladas de escombros, entre ellas a profesionales, figuras públicas y cientos de familias. Lo ocurrido no fue un accidente aislado, sino el resultado de años de negligencia consciente.
¿Por qué el techo cedió y nadie actuó?
El edificio, transformado de cine a discoteca en los 90, acumuló sobrecarga con equipos y múltiples capas de reparaciones improvisadas sin resolver el problema estructural. Filtraciones y pequeños desprendimientos eran rutina ignorada por los propietarios, los hermanos Espaillat, dueños de un imperio mediático y empresarial que priorizaron la fiesta sobre la seguridad. El sonido y las vibraciones de aquella noche fueron solo el detonante final de un colapso anunciado.
Negocios por encima de vidas
Gregory Adames, ex empleado y testigo clave, advirtió reiteradamente a los dueños acerca de los peligros, pero recibió promesas vacías. Mientras tanto, las víctimas y sus familiares enfrentan ahora una lucha judicial donde el Ministerio Público se conforma con imputar homicidio involuntario, minimizando una cadena de decisiones conscientes que ignoraron avisos claros de peligro.
Un sistema que protege a los poderosos
Los hermanos Espaillat, habituales en las fiestas del local y directores operativos, niegan saber del riesgo letal. Mientras tanto, ofertas económicas irrisorias intentan dividir a las familias afectadas y silenciar la verdad. La justicia se juega en si reconocerán la responsabilidad plena y la gravedad del dolo eventual, sancionado con hasta 20 años de cárcel, o si dejarán impune esta tragedia.
¿Qué viene ahora?
El caso Jet Set destapa la fragilidad de nuestras instituciones frente a las influencias económicas y mediáticas. La decisión sobre el tipo de imputación definirá si la justicia dominicana actúa con firmeza o se rinde ante el poder. Más allá de la tragedia, está en juego la seguridad ciudadana y la confianza en un sistema que raramente protege a quienes son excluidos de los círculos privilegiados.
¿Hasta cuándo permitiremos que la irresponsabilidad ligada al poder siga cobrando vidas?