Laura Fernández asume con promesa de mano dura ante narcotráfico y crisis institucional
Mano firme en un país que perdió el rumbo
Laura Fernández asumió la presidencia de Costa Rica con un mensaje claro: combatir sin concesiones al narcotráfico que ya penetró las instituciones del Estado y disparó la violencia en uno de los países más estables de América Latina.
En un acto masivo en San José, la politóloga de 39 años juró para un mandato cuatro años respaldada por una mayoría parlamentaria y la influencia directa de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, designado superministro con amplios poderes.
Un sistema en crisis y un modelo a copiar
Con una tasa de homicidios en record, Fernández responsabiliza directamente al poder judicial por soltar a delincuentes peligrosos y anuncia reformas duras: penas más severas y aumento del tiempo de prisión efectivo. Su plan incluye inaugurar una cárcel modelo inspirada en El Salvador, donde el control social pasa por mano dura y concentración de poder.
El gobierno que encabeza es una continuación del proyecto político que busca reformar el Estado y especialmente el sistema judicial, con apoyo legislativo para impulsar cambios significativos en esas instituciones clave.
Riesgo de concentración de poder y ¿un modelo Bukele en Costa Rica?
Más allá de lo discursivo, analistas advierten un escenario donde el expresidente Chaves tendrá un rol político clave, lo que genera dudas sobre una potencial concentración de poder.
El paralelismo con el modelo autoritario de Bukele en El Salvador es inevitable: gobiernos que se presentan como salvadores ante crisis de seguridad, avanzan contra contrapesos institucionales y manejan una narrativa populista respaldada en parte por actores externos como Estados Unidos.
Consecuencias ignoradas para la democracia y la legalidad
En el momento en que Costa Rica abraza esta ruta, el país también retrocede en libertades esenciales como la prensa y derechos civiles, erosionando el sistema democrático que durante décadas fue su sello distintivo.
La alianza con sectores políticos cercanos a Donald Trump y la expulsión de diplomáticos cubanos revelan la orientación geopolítica que acompaña este viraje y que pone en jaque la imagen de estabilidad regional.
¿Qué sigue para Costa Rica?
- Reformas profundas al Poder Judicial con riesgo real de debilitar la división de poderes
- Concentración del poder ejecutivo con un expresidente en la sombra
- Endurecimiento de leyes penales sin garantías de efectividad si no se fortalece todo el sistema
- Posible aumento de la polarización social y retroceso en libertades
La pregunta es clara: ¿Costa Rica está dispuesto a pagar el costo real de un modelo que privilegia mano dura a cambio de riesgos incalculables para su democracia y legalidad?