Venezolanos condenados a 30 años sin pruebas en caso Tancol: ¿justicia o montaje?
Condenas de 30 años sin evidencia: ¿un expediente armado?
Tres personas fueron sentenciadas a 30 años de cárcel en Venezuela por supuestos vínculos con el caso Tancol, un término usado por el gobierno de Maduro para justificar operativos contra un grupo presuntamente terrorista narcotraficante. Lo sorprendente: no hay pruebas claras.
¿Qué pasó realmente?
Richard Domador, Luis Alejandro Domador y María Laura Rondón fueron detenidos en 2022. Según familiares y el colectivo de derechos humanos Surgentes, estos ciudadanos fueron arrestados arbitrariamente, desaparecidos temporalmente y torturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar para obtener confesiones.
Las acusaciones se basan en supuestos delitos no comprobados, mientras que las defensas habrían sido ignoradas durante el proceso judicial.
¿Por qué esto altera el escenario institucional?
Este no es un caso aislado. El Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol ha documentado al menos 67 sentencias similares entre 2021 y 2022, afectando principalmente a personas vulnerables de zonas fronterizas y trabajadores rurales.
Las denuncias subrayan un patrón: operativos con detenciones arbitrarias impulsadas para justificar resultados, con consecuencias severas en la credibilidad del sistema judicial y el respeto a los derechos básicos.
¿Qué sigue para Venezuela?
Los familiares exigen la apelación de estas sentencias y la revisión de las investigaciones por parte del Ministerio Público y la Defensa Pública. Organizaciones externas insisten en mecanismos que reparen los daños sociales y jurídicos causados.
Este escenario pone en alerta sobre la integridad de las instituciones encargadas de la legalidad y la seguridad. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿cuántos inocentes más enfrentarán condenas largas sin evidencias sólidas en nombre de agendas políticas?