La verdad ignorada: ¿Quiénes controlan realmente el Tribunal Supremo?
El talento y honorabilidad que exigen las leyes no se reflejan en los nombramientos actuales
En plena postulación para ocupar cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Constitución es clara: los magistrados deben ser juristas competentes y de reconocida honorabilidad.
¿Pero qué ocurre en la realidad? La práctica nos muestra una persistente desconexión con estas exigencias. Magistrados sin el talento ni la integridad necesaria han ganado espacios en la cúspide de la justicia.
Un sistema que perpetúa nombramientos por conveniencia
Antes, las designaciones eran una cuestión de compadrazgo y favoritismos políticos, bajo el mando directo de dos líderes partidistas que imponían a sus candidatos. Hoy, aunque formalmente se respetan procedimientos constitucionales más rígidos, la selección sigue repitiendo patrones de exclusión de los verdaderos expertos.
El resultado: jueces cuestionados por impericia y corrupción, erosionando la institucionalidad y la percepción ciudadana.
¿Qué pierde la sociedad con esta realidad?
La confianza en la justicia no es un lujo, sino una base imprescindible para la estabilidad social y económica.
Perder la «majestad» del poder judicial significa que la ley deja de ser un pacto justo para convertirse en una herramienta manejada por intereses particulares.
El futuro exige una reestructuración clara
- Solo postulantes probados deben ser considerados.
- Las instituciones deben garantizar transparencia plena y sin ambigüedades.
- La sociedad civil merece justicia firme, sin titubeos ni componendas.
De lo contrario, el TSJ seguirá siendo una cuestión política más que el guardián de la legalidad.