Rafael Perdomo denuncia pruebas falsas del Sebin para implicar alcalde Baruta
El Sebin fabricó pruebas para implicar al alcalde de Baruta, acusa empresario
Rafael Perdomo, empresario y directivo de Constructora HP, estuvo tres años aislado sin derecho a defensa privada. En audiencia ante un tribunal en Caracas, denunció que agentes del Sebin intentaron extorsionarlo con recibos falsos para comprometer al alcalde Darwin González.
Según Perdomo, funcionarios identificados como Quintana y Flores pretenden que firme sobornos falsos contra funcionarios municipales. Al negarse, fue sometido a privación de comida y sueño, además de sufrir allanamientos ilegales en sus oficinas donde redactaron documentos falsos en hojas membretadas de su empresa.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Este testimonio revela cómo la operación llamada «Pdvsa-Cripto» podría estar basada en evidencias manipuladas por ciertos grupos con intereses políticos para incidir en Baruta y otros sectores.
Perdomo desmiente haber sostenido relaciones ilícitas con Pdvsa: sus obras civiles para la estatal se pagaron mediante contratos transparentes, sin uso de criptomonedas y financiadas con capital privado y banca comercial.
Además, explicó que las torres en Las Mercedes, base de las acusaciones, se concluyeron años antes de cualquier contratación con el Estado. También denunció despojos ilegales de su residencia y la apropiación del Colegio Jefferson, mostrando falta de respeto por la propiedad privada bajo procesos judiciales y administrativos cuestionables.
Consecuencias reales y próximas
- Si las pruebas fueron fabricadas, la persecución política por la Operación «Pdvsa-Cripto» se vuelve un instrumento para desestabilizar actores fuera de ciertos grupos.
- El sistema judicial enfrenta un reto sobre la validez de los procesos en casos de alto impacto político y económico.
- La industria petrolera venezolana, dependiente de obras civiles críticas, puede verse afectada si se politizan los contratos y adjudicaciones.
- La estabilidad institucional y la protección de la propiedad privada están en juego si se legitiman desalojos y detenciones sin garantías.
El interrogante es claro: ¿cuántos otros casos tienen procesos basados en pruebas falaces impulsadas por agendas políticas?
Perdomo pidió arresto domiciliario para continuar su defensa y evidenciar que su empresa aportó infraestructura clave para Chevron y Pdvsa, mientras denunciaba el daño irreparable a su familia tras tres años de silencio forzado.
Este caso abre un debate urgente sobre seguridad jurídica, respeto a derechos y la manipulación política que está afectando no solo a empresarios, sino a todo el sistema económico y productivo del país.