EE UU extiende protección legal a Citgo hasta marzo de 2026
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), renovó la protección que impide a los tenedores de los bonos Pdvsa 2020 ejecutar garantías sobre Citgo Petroleum, la refinería venezolana con sede en Houston.
Esta medida suspende cualquier intento de estos acreedores de tomar control de Citgo, que posee el 50.1% de sus acciones como respaldo del bono, y que podría haber sido embargada en caso de impago.
¿Por qué importa esta prórroga?
La Licencia General N° 5U, que estará vigente hasta el 20 de marzo de 2026, refrenda la estrategia estadounidense para mantener Citgo alejada del control de acreedores y del régimen chavista, asegurando que la refinería siga bajo administración de juntas designadas por la oposición venezolana.
Este bloqueo legal llega justo cuando una corte de Delaware ordenó una subasta para vender Citgo y saldar deudas con acreedores vinculados a Venezuela, pero la ejecución está detenida hasta que la OFAC permita levantar o modificar esta licencia.
¿Qué se esconde detrás de esta decisión?
- Citgo procesa 830.000 barriles diarios, un activo estratégico en plena disputa política y financiera.
- La prolongación de la prohibición significa que Estados Unidos prioriza controlar activos venezolanos clave en su estrategia contra el régimen, más allá de su discurso oficial.
- La medida impide que la deuda impaga genere pérdidas para ciertos sectores políticos que pretenden sorprender con subastas y ventas rápidas.
- Al mismo tiempo, autorizan acceso limitado de Citgo a crudo venezolano tras siete años, buscando evitar saturación de inventarios y asegurar flujo en la refinería.
¿Qué sigue en este pulso por Citgo?
La disputa entre acreedores y la administración estadounidense se mantendrá hasta que se defina el futuro de la deuda Pdvsa 2020 y el control de Citgo.
Esta extensión no elimina sanciones a Pdvsa o Venezuela, pero sí bloquea señales claras de negocios o transfers en un activo codiciado por intereses financieros y políticos.
En un escenario donde la subasta ordenada por la corte aún no puede ejecutarse, la pregunta es inquietante: ¿Quién gana realmente con esta prolongación que frena movimientos legales legítimos?