Primero Justicia reclama renovación urgente tras captura de Maduro
El partido opositor Primero Justicia no da vueltas. Exigen nuevas elecciones para diputados, gobernadores, alcaldes y concejales, como paso necesario en un proceso de transición que, aseguran, empezó con la detención de Nicolás Maduro por EE UU el 3 de enero.
Pese a que no mencionan elecciones presidenciales, insisten en validar los actuales cargos regionales y legislativos solo a través de un nuevo mecanismo electoral independiente, lejos del control chavista actual.
¿Por qué este cambio reconfigura el tablero político?
Estos puestos ya fueron renovados en comicios de 2023 sin la participación mayoritaria opositora, que denunció fraude en las presidenciales de 2024. La demanda de PJ apunta a desmontar esa legitimidad y forzar un nuevo proceso electoral bajo condiciones distintas.
María Beatriz Martínez, presidenta de PJ, es clara: no habrá transición democrática sin que la voluntad real del pueblo se exprese y se respete. La exigencia se dirige también al gobierno que asumió tras la captura de Maduro, dirigido por Delcy Rodríguez, al que califican de «poder circunstancial».
Demandas que revelan la dimensión del conflicto
- Liberación «absoluta e incondicional» de todos los presos políticos.
- Cierre de los centros de tortura y desmantelamiento del aparato represivo.
- Destitución inmediata de Tarek William Saab, a quien acusan de ser responsable de sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
- Retorno seguro de exiliados forzados y garantía para quienes están en clandestinidad.
- Fin de la persecución a medios y garantía plena de libertad de expresión.
Estas exigencias dibujan un escenario de ruptura institucional profunda y conflicto abierto sobre el control del país.
Lo que nadie cuenta: las sanciones tácitas y el giro táctico del chavismo
En medio de estas demandas, el chavismo bajo Rodríguez ha dado movimientos estratégicos: reforma petrolera para atraer inversión extranjera, liberación parcial de presos políticos, y reactivación del diálogo con EE UU, como evidenció la reciente llegada de la embajadora Laura Dogu para reabrir la embajada en Caracas.
El Foro Penal confirma que desde el 8 de enero se han excarcelado 344 presos políticos. ¿Respuesta a presión interna o maniobra para evitar un colapso mayor?
¿Qué sigue?
La exigencia de Primero Justicia marca un punto clave: sin legitimidad electoral y respeto a la voluntad popular no habrá transición efectiva. La presión para renovar todos los cargos públicos realinea las fuerzas políticas y obliga a un replanteo del poder, con foco en la reorganización institucional y el fin de la opresión.
Este es solo el inicio. La política venezolana enfrenta un momento decisivo. ¿Se abrirá paso una nueva etapa o simplemente será otro capítulo de la misma crisis?