129 presos movilizados sin garantía legal ni control
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre un traslado masivo de 129 privados de libertad desde Yaracuy hacia centros penitenciarios en Lara, ejecutado bajo custodia militar y policial.
Se usaron siete autobuses para mover a hombres y mujeres reclusos, incluyendo 60 hombres de la Policía de Yaracuy, 63 de la Policía Nacional Bolivariana y seis mujeres llevadas a un anexo femenino en Uribana.
Ruina judicial: Traslados fuera de la competencia de tribunales
El problema es que estos traslados violan una norma básica: los presos están siendo llevados a estados sin jurisdicción de sus tribunales. Esto interrumpe audiencias, paraliza procesos judiciales y agrava el retardo procesal, un problema que nadie quiere enfrentar.
Las cárceles aseguran que no hay transporte para las audiencias, un argumento que encubre la falta de una política penitenciaria clara y genera un caos institucional.
Una crisis que no es nueva y empeora
El OVP recuerda que recién reportó un traslado de 600 presos desde Yare III hacia todo el país, una práctica sistemática que solo profundiza el hacinamiento y déficit en controles.
En Yaracuy, un penal fue cerrado hace dos años con promesas incumplidas de remodelación, demostrando la desidia oficial ante el colapso del sistema.
Familias en la mira: costos reales y sufrimiento silenciado
Los traslados afectan a los familiares, obligados a asumir gastos de hasta 80 dólares mensuales solo en transporte para visitas, algo impensable para muchos venezolanos promedio.
Además, denuncian deficiencias graves en Lara: alimentación insuficiente, agua potable limitada y atención médica casi inexistente. Las visitas se redujeron a dos por mes, aumentando la tensión familiar y social.
¿Qué sigue? Más descontrol y fracaso institucional
Estos movimientos masivos son síntoma claro de un sistema penitenciario estructuralmente quebrado. Sin cambios en la gestión ni respeto por la legalidad, la crisis solo se agravará, con presos desplazados arbitrariamente, procesos judiciales frenados y un Estado incapaz de garantizar seguridad ni justicia.
La pregunta es: ¿cómo puede un país sostener su Estado de derecho si sus instituciones no imponen límites básicos a estos abusos?