Cómo el régimen Maduro impulsa un atentado a la justicia en caso Canserbero
Una noche que reveló el verdadero rostro del poder judicial chavista
La madrugada del 31 de enero de 2024, sin cámaras ni público, ocurrió un ensayo escalofriante del modus operandi del régimen Maduro para neutralizar opositores y controlar resultados electorales.
Joel García, abogado defensores de los hermanos Améstica, acusados en un caso que toca a figuras emblemáticas como el rapero Canserbero y el productor Carlos «Stoperro», intentó juramentarse como su representante legal. Pero el tribunal inventó un pretexto absurdo: los acusados no estaban presentes. Lo cierto es que el mismo tribunal negaba su traslado desde una prisión militar, bloqueando la defensa y el proceso justo.
¿Protección judicial o arma de opresión?
Horas después, en acto ilegal, los hermanos Améstica fueron obligados a presentarse, declararse culpables sin defensa y condenados a 25 años de prisión. Ni siquiera un juicio digno. Esta es la realidad que el régimen oculta: usar la justicia como brazo represor y carpintero de sentencias amañadas.
Lo que esto revela
- La negación al derecho básico de defensa es ahora norma en Venezuela.
- El sistema judicial se convierte en un ejecutor del poder político, no un garante de legalidad.
- Casos de alto perfil como este son la punta del iceberg de una estrategia para desmantelar el estado de derecho.
- Manifestantes y opositores enfrentan tribunales antiterroristas tras el fraude electoral y esta práctica arbitraria se consolida.
El futuro cercano que impone la dictadura
Con la justicia secuestrada y la defensa anulada, Venezuela avanza hacia la consolidación de una dictadura con apariencia legal. Los procesos serán simples formalidades para condenar a quienes resistan. Sin una reacción internacional profunda y sin un cambio interno, esta política se reproducirá en más casos y con mayor impunidad.
Joel García recibió amenazas en plena puerta del tribunal. La asistencia consular fue negada. ¿Quién garantiza entonces justicia o siquiera legalidad?
Esto importa más de lo que parece: lo que ocurrió en ese tribunal no es una anomalía, es el sistema judicial articulado para consolidar una agenda política que destruye garantías y derechos fundamentales.
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