CIDH: La impunidad y concentración de poder consolidan régimen de facto en Venezuela
Venezuela: impunidad y poder absoluto consolidan un régimen de facto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe clave que desnuda la realidad venezolana: un régimen de facto amparado en la impunidad y la concentración total del poder.
El documento, aprobado en diciembre de 2025 y entregado sin respuestas en enero de 2026, revela la profundización de violaciones graves de derechos humanos sin ninguna sanción, desde asesinatos hasta detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
¿Qué cambió tras las elecciones de 2024?
Según la CIDH, el proceso electoral de 2024 cerró el ciclo democrático. Denuncias de fraude y falta de transparencia permitieron que Nicolás Maduro mantuviera el control efectivo antes de salir del país en enero de 2026. La ausencia de publicación de actas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) facilitó la concentración absoluta del poder.
Impunidad como herramienta política
- Ministerio Público y Poder Judicial siguen subordinados, bloqueando cualquier investigación efectiva.
- La impunidad no es casualidad. Es una estrategia para perpetuar el control político y silenciar voces críticas.
- La Corte Penal Internacional investiga por crímenes de lesa humanidad, un precedente sin igual en la región.
En 2025 se documentaron 28 asesinatos, 195 heridos, más de 2.200 detenciones y 29 desapariciones forzadas, sin consecuencias legales.
Instituciones al servicio del oficialismo
El Ejecutivo ha convertido las instituciones públicas en instrumentos para eliminar competencia política: inhabilitaciones, restricciones al voto, expulsión de misiones internacionales y persecución judicial.
No existe independencia judicial. El control absoluto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) garantiza la continuación del régimen y la impunidad estructural.
Consecuencias reales y globales
- La restricción sistemática de libertades fundamentales genera una crisis migratoria histórica: 6,8 millones de venezolanos han emigrado desde 2015.
- El régimen usa el sistema penal para castigar a la oposición, periodistas y defensores.
- La falta de transparencia bloquea el acceso a información confiable y limita la supervisión internacional.
¿Qué sigue?
La CIDH exige una acción diplomática urgente para restaurar la democracia y las instituciones basadas en el Estado de Derecho. Sin esta respuesta internacional coordinada, la crisis venezolana continuará profundizándose, con consecuencias regionales y globales.
Venezuela ya no es solo un problema interno. Es un caso que revela cómo la concentración del poder y la impunidad pueden destruir cualquier vestigio de democracia y derechos humanos.