Transporte exige pasaje anclado a $0,50 y fin al caos del combustible
La tarifa que no alcanza y el sistema que agota al transporte
El presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puesto, José Luis Montoya, advirtió que el último reajuste en la tarifa del pasaje es insuficiente para cubrir los costos reales. La propuesta oficial no se sostiene en el terreno económico y el sector insiste: el pasaje debe estar anclado a 0,50 dólares para garantizar la continuidad del servicio.
Fin al subsidio indirecto: bono directo para usuarios vulnerables
Montoya planteó un cambio radical en la política de subsidios: eliminar el sistema actual y entregar un bono mensual directo de 30 a 40 dólares a estudiantes y adultos mayores. La idea, basada en principios de eficiencia financiera, busca que estos grupos paguen la tarifa completa sin perder poder adquisitivo, mientras se ajustan los costos operativos que hoy desbordan la recaudación.
El sistema de huella: distracción que paraliza y discrimina
Criticaron duramente el sistema de biopago y control mediante huella digital para surtir combustible. Según Montoya, esta imposición no es una solución, sino un mecanismo que consume horas vitales y excluye a muchos transportistas sin acceso a la tecnología requerida. El gremio no pide gasolina gratuita, sino acceso libre y equitativo a estaciones, dispuesto a pagar entre 0,20 y 0,25 dólares por litro si se eliminan los controles que obligan a madrugar o pernoctar.
Flota detenida y sin renovación: un sector al borde del colapso
La exigencia continúa con la reactivación de créditos que permitan modernizar una flota desgastada tras años sin financiamiento. Además, Montoya denunció la retención ilegal de 12 unidades, confiscadas por cuerpos policiales sin justificación legal, privando de sus herramientas laborales a trabajadores.
¿Qué implica este conflicto para el futuro del transporte?
Si las autoridades no atienden estas demandas, la crisis no solo persistirá, sino que podría profundizarse. El sector está al límite: tarifas que no cubren gastos, tiempos perdidos en controles absurdos y una flota envejecida sin apoyo financiero. Esto afecta directamente la movilidad urbana, la economía y la legalidad en el transporte público.
¿Se escuchará finalmente al gremio o seguirán imponiendo medidas que destruyen la principal red de movilidad del país?