Basta de perder tiempo: la burocracia que frena a la economía cae
El 26 de marzo la Asamblea Nacional aprobó una ley con potencial para cambiar el juego: la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. Su núcleo es simple pero contundente: eliminar trámites y documentos innecesarios que atrasan al ciudadano y ahogan a las empresas.
¿Qué pasa ahora?
- Los órganos públicos no podrán pedir documentos que ya poseen. Esto obliga a que instituciones se comuniquen entre sí para evitar la doble o triple exigencia.
- Se introduce el principio de presunción de buena fe: el ciudadano se considera confiable, reduciendo controles excesivos y atropellos burocráticos.
- Impulso decidido hacia la digitalización: firma electrónica, plataformas electrónicas obligatorias y procesos telemáticos serán la regla.
- Se crean comisiones de alto nivel, presididas por el Ejecutivo, para supervisar y acelerar la implementación en todo el país.
¿Por qué esto cambia el tablero?
La burocracia es uno de los principales frenos para la inversión y producción. Empresas suben costos y retrasan proyectos por trámites que parecen interminables y redundantes. Con esta ley, el sector industrial ve una vía para reducir gastos operativos inútiles y acelerar sus procesos.
El vicepresidente territorial de Fedeindustria ya calificó la medida como “clave” para mejorar la competitividad venezolana y atraer capital extranjero, un dato que no puede pasar desapercibido.
¿Qué sigue?
- Las instituciones tienen 180 días para adaptarse. Eso significa cambios concretos en plataformas electrónicas y responsabilidades claras para que funcionarios agilicen trámites.
- El éxito dependerá de la coordinación real entre organismos, situación que ha sido un problema histórico en el Estado.
- Si la ley se aplica con rigor, podrá elevar la eficiencia pública y reducir costos para ciudadanos y empresas, impactando positivamente en la economía nacional.
- La digitalización se convertirá en prueba decisiva: sin avances tecnológicos concretos, la ley quedará en papel.
En definitiva, esto no es un simple cambio normativo: es una señal clara de que las estructuras estatales buscan despojarse de la burocracia que ha paralizado a Venezuela. Solo queda un paso: que las autoridades lo ejecuten sin excusas.