10 Detenidos Mueren en Custodia en Dos Semanas: ¿Quién Asume la Responsabilidad?
10 detenidos mueren bajo custodia en menos de dos semanas
El país enfrenta un nuevo problema crítico: al menos 10 presos fallecieron en cárceles venezolanas en menos de 15 días, todos bajo custodia del Estado, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Las muertes ocurrieron en varios centros penitenciarios donde se repiten patrones preocupantes: ausencia de atención médica, condiciones inhumanas y violencia que nadie aclara.
El caso más reciente: Antonio José Manzano
Murió en la antigua cárcel de El Marite, Maracaibo, por un deterioro de salud sin respuestas médicas adecuadas. No es un caso aislado.
¿Cómo perdió la vida la mayoría?
- Ovidio José Madriz Mendoza (Rodeo III, Miranda)
- Deivi Enrique García (Rodeo IV, Miranda)
- Rosqui Norberto Escalona (Uribana, Lara, de 71 años)
- Yelamo Zárraga José Ramón (Tocuyito, Carabobo)
Escalona fue llevado a un hospital sin estabilizar, devuelto al penal y murió en un traslado posterior. Su cuerpo fue abandonado en el piso de un centro de salud, una muestra más del deterioro institucional.
¿Cinco muertos en Yare III? Más preguntas que respuestas
Oficialmente, se culpa a un motín. Pero familiares denuncian que los cuerpos tenían heridas de arma de fuego. El OVP señala silencio oficial, falta de información a familiares y ninguna lista pública de heridos o traslados.
El ministro de Servicio Penitenciario no se ha pronunciado días después del suceso, un signo de la opacidad que rodea estos hechos.
Patrón repetido: abandono e impunidad
El director del OVP, Humberto Prado, alerta sobre un mecanismo que siempre sigue el mismo guion: trasladan culpas a los presos, anuncian investigaciones nunca claras y niegan información a los familiares.
Enfermar en prisión es una sentencia de muerte. Hacinamiento, insalubridad, falta de alimentos y agua, castigos arbitrarios y aislamiento familiar son la norma, no la excepción.
¿Dónde están las respuestas institucionales?
El OVP ha reportado estos casos a organismos internacionales, pero la reacción local es nula. La pregunta que debería resonar: ¿Quién responde por estas muertes bajo custodia estatal?
La justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo tienen la obligación de investigar y garantizar derechos. Hasta ahora, el silencio oficial solo evidencia una grave crisis que pone en jaque la legalidad y las instituciones.