México investiga a gobernador de Sinaloa tras acusación directa de EE. UU.
¿Protección oficial al cartel de Sinaloa?
La Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció que inicia una investigación para confirmar si hay pruebas que justifiquen la grave acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios por nexos directos con el narcotráfico y posesión ilegal de armas.
Ulises Lara López, vocero de la FGR, aclaró que la ley exige evidencias claras para solicitar órdenes de aprehensión o extradición, pero advirtió que en este caso el gobierno estadounidense rompió el protocolo al hacer pública la acusación antes que las autoridades mexicanas, violando confidencialidad y quejas legales.
Un blindaje legal que protege a funcionarios
El fiscal destacó que para proceder penalmente contra gobernadores y senadores en México, primero se debe retirar su inmunidad vía juicio de procedencia. Esto añade complejidad y retrasa la acción legal efectiva contra altos cargos señalados.
En el centro del escándalo: Los Chapitos
La acusación estadounidense no es menor. Vincula a Rocha Moya y su círculo más cercano con la protección de un grupo clave del cartel de Sinaloa conocido como Los Chapitos. Según la denuncia, facilitaron información sensible, permitieron el tráfico de drogas hacia EE. UU. y recibieron millonarios sobornos por ello.
- Entre los acusados están el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.
- El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, estrecho aliado del gobernador.
- Y el excomandante de la policía municipal, Juan Valenzuela Millán.
¿Qué se viene después?
La negativa de los implicados, incluida una defensa pública de Rocha Moya, apunta a un choque institucional que podría paralizar investigaciones. Sin embargo, la presión internacional y la grave naturaleza del caso obligan a México a mostrar resultados o arriesgar credibilidad y seguridad en una región estratégica para ambos países.
La pregunta clave: ¿podrá el sistema legal mexicano romper con esta red de protección y cumplir con la justicia real, o seguirá siendo parte del problema que permite la impunidad en Sinaloa?