El caso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores sigue en marcha, y no será fácil detenerlo.
El juez federal Alvin K. Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, autorizó que el proceso continúe bajo licencias modificadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esto implica que, aunque con limitaciones, la justicia estadounidense mantiene firme el cerco legal contra el régimen venezolano.
¿Por qué esto cambia todo?
La decisión del juez responde a una comunicación conjunta entre las partes que notificaron cambios regulatorios recientes. Más que un simple trámite, indica que el tribunal sigue aplicando presión justa, sin dejar que los cambios administrativos frenen el curso del juicio.
Además, el tribunal anticipa posibles aplazamientos, pero bajo condiciones estrictas: cualquier retraso debe ser aprobado por ambas partes y justificar claramente la demora. Esto evita demoras arbitrarias que diluyan la responsabilidad.
¿Qué viene después?
Con supervisión judicial directa, el caso avanza con control rígido en tiempos y condiciones. La continuidad del proceso sienta un precedente insoslayable para quienes pensaban que la agenda política podría torcer el hilo legal. La alerta está lanzada para sectores políticos que intenten usar cambios regulatorios como escudos.