Exigen justicia plena, no solo víctimas sacrificables
Los padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado en 2017 durante protestas antigubernamentales, exigieron al nuevo fiscal general, Larry Devoe, la reapertura inmediata de todos los casos con víctimas impunes de ese año.
En respaldo a esta demanda, respaldada por Provea y la Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (ALFAVIC), advierten que no basta con perseguir a los autores materiales. Insisten en que se investigue y juzgue a toda la cadena de mando responsable por violaciones a derechos humanos.
Un proceso judicial que se quedó en palabra
Juan Pablo falleció al recibir el impacto directo de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana en Altamira, Caracas, en abril de 2017. Años después, la fiscalía reconoció la responsabilidad, pero el caso sigue estancado. Investigaciones archivadas, acusaciones desestimadas y un solo juicio efectivo reflejan la complacencia institucional.
“Eso no es justicia”, denuncian sus padres, quienes llaman a actuar con independencia e imparcialidad. Solicitan además un reconocimiento público de los hechos que el Estado ha intentado ocultar con versiones falsas y dilaciones.
Una factura política que seguirá abierta
En plena vigencia de investigaciones internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, el caso Pernalete expone el fracaso de un sistema que protege a los responsables y deja a las víctimas en el olvido.
La exigencia es clara: no se trata de venganza, sino de justicia real y garantías para que hechos como estos no se repitan. ¿Podrá la nueva gestión fiscal romper con la impunidad que ha marcado este capítulo crítico para Venezuela?