Ejecutivo acelera cierre de ley de amnistía sin respaldo legal
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente del Foro Penal, lanzó una advertencia fuerte: la decisión del Ejecutivo de dar por terminada la ley de amnistía viola la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 218 es claro: solo otra ley o un referendo pueden derogar normas aprobadas por la Asamblea Nacional.
¿Qué ocurrió?
La ley de amnistía fue dictada por el Parlamento y no contempla fecha de caducidad. Sin embargo, la administración pública ha tomado la atribución indebida de eliminarla, un acto fuera de competencia que rompe con la división de poderes y pone en jaque el marco legal vigente.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Esta movida política no es solo una cuestión administrativa. Es un golpe a la seguridad jurídica que afecta a más de 3.000 personas que no alcanzaron la libertad bajo esta ley. Se abre un ciclo de incertidumbre y posible persecución política justificado en decisiones arbitrarias.
Además, el anuncio del Ejecutivo para reformar el sistema judicial se presenta justo cuando se cierra un mecanismo legal de alivio, dejando claro que no hay intención de corregir fallas estructurales, sino controlar el poder judicial.
¿Qué viene después?
- Incremento de litigios por inconstitucionalidad y cuestionamientos legales que pueden profundizar la crisis institucional.
- Posible aumento de la represión política contra quienes no lograron acogerse a la amnistía.
- Una reforma judicial que, lejos de modernizar, intentará consolidar el control gubernamental sobre tribunales.
El cierre de la ley de amnistía no solo cierra una puerta para la libertad de los perseguidos, sino que simboliza el creciente atropello institucional. ¿Hasta cuándo se ignorará el respeto a la Constitución y la separación de poderes?