La ley de amnistía sigue abierta, aunque te digan lo contrario
Perkins Rocha, abogado y asesor jurídico cercano a María Corina Machado, está dejando claro un dato que pasa desapercibido: la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática no tiene fecha de vencimiento. No hay límite temporal para acceder a sus beneficios.
En un mensaje contundente publicado en X, Rocha señaló que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos puede solicitar la amnistía en cualquier momento. Esta no es una ley temporal ni su vigencia está en discusión legal, aunque el gobierno pretenda hacer creer lo contrario.
¿Por qué este dato cambia el escenario?
La aclaración llega justo después de que Delcy Rodríguez anunciara el cierre definitivo de esta ley y la puesta en marcha de una reforma judicial. Oficialmente, la norma está «cerrada», y este hecho marca un supuesto fin a un proceso que arrancó con promesas de pacificación social.
Pero si la ley no tiene fecha de expiración, ¿qué significa el cierre? Rocha, incluso actualmente bajo arresto domiciliario y afectado personalmente por la interpretación judicial restrictiva de la ley, denuncia una contradicción que erosiona la certeza jurídica y la transparencia.
Lo que nadie dice: las cifras que importan
- 12.000 solicitudes recibidas.
- 8.616 personas liberadas bajo esta norma.
El gobierno se encarga de destacar estos números como un avance político, pero omite que miles quedaron fuera y que el mecanismo efectivo para ellos es una reforma judicial incierta y una comisión de consulta que podría extender la incertidumbre.
¿Qué viene ahora?
La supuesta transición a nuevos canales institucionales para tratar los casos pendientes parece más un parche para encubrir la debilidad legal de un cierre que no tiene respaldo en la ley misma.
Esta situación abre preguntas incómodas: ¿Se está respetando la ley o se está manipulando para fines políticos? ¿Qué papel jugarán las instituciones en garantizar seguridad jurídica real y no solo volatilidad normativa? La respuesta impactará directamente en la estabilidad del país y en los derechos de los ciudadanos.