Delcy Rodríguez declara el fin de la amnistía sin fecha ni justificación
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció abruptamente el «fin» de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, aunque la norma no contempla caducidad. Esto ocurre mientras cientos de presos políticos permanecen detenidos sin garantías claras.
¿Por qué cambia el escenario político?
Primero Justicia salió al paso para denunciar que esta medida no solo es arbitraria, sino que bloquea cualquier avance en la liberación de presos políticos. En esencia, suspender la amnistía debilita el único instrumento legal que podía poner fin a detenciones por razones políticas.
El partido advierte que la transición en Venezuela dependerá exclusivamente de la libertad plena de civiles y militares detenidos por motivos políticos, algo que ahora queda en un limbo peligroso.
Peligros a la vista: inestabilidad legal y regreso a la impunidad
Sin un plazo establecido para la ley y sin una derogación formal por parte del Parlamento o el Tribunal Supremo de Justicia, el anuncio de Delcy Rodríguez abre la puerta a inseguridad jurídica. Sancionar de facto un proceso con significado político y social supone un retroceso grave.
Por otro lado, organizaciones expertas y opositores insisten en que cualquier modificación debe pasar por los canales legalmente establecidos, cosa que no ocurrió.
¿Qué viene ahora?
La decisión podría ser un paso para mantener presos a cientos de venezolanos y controlar casos que supuestamente quedarían bajo instancias como el Programa para la Paz o reformas penales ambiguas. Esto, lejos de garantizar justicia, extiende la incertidumbre y mina la confianza en el Estado de derecho.
La verdadera transición dependerá de enfrentarse al problema de la prisión política, no de enterrar leyes que buscan ponerle un límite.