¿Reforma judicial o control político en ciernes?
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la instalación de una comisión nacional para la reforma del sistema judicial. La intención oficial es recoger «aportaciones del pueblo» y garantizar un «acceso a la justicia sin diferenciación». Pero, ¿qué se está moviendo en realidad detrás de esta muestra de participación?
Qué ocurrió
En un acto desde Miraflores, la mandataria encargada instaló la instancia que tendrá como secretario al fiscal general Larry Devoe. El equipo está compuesto por actores clave del aparato político venezolano: la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la defensora del pueblo, el fiscal general, y figuras como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.
Por qué esto cambia el escenario
Una comisión que intenta reformar el sistema judicial no puede separarse de los intereses políticos que integran su estructura. El nombramiento de autoridades que responden al poder ejecutivo y sectores aliados expone la posibilidad de que esta «consulta» sea más un trámite para legitimar una agenda política de fondo y menos una apertura real a una justicia independiente.
Qué podría venir después
Si esta estructura mantiene el control, la llamada reforma puede servir para profundizar el dominio sobre las instituciones judiciales. Esto afectará la seguridad jurídica y el equilibrio del Estado, repercutiendo en el respeto por la ley y los derechos ciudadanos. El riesgo es que la «reforma» termine fortaleciendo un sistema judicial al servicio de sectores políticos y no del pueblo.