Prisión política como herramienta de control: Ramírez denuncia arbitrariedad
Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo, salió del arresto domiciliario tras 567 días detenido y lanza un mensaje claro: en Venezuela la libertad depende de una «orden ejecutiva», no de justicia ni legalidad.
Exige una «pacificación genuina» y liberación total de presos políticos
Ramírez propone una «acción de gracia» para liberar de inmediato a más de 470 presos políticos, señalados por ONG como Foro Penal. Lo que pide no es concesión política, sino un cambio estructural para que el Estado deje de usar la prisión como amenaza permanente.
Denuncia que la pacificación bajo la presión y con cargos pendientes solo perpetúa la inseguridad jurídica y la división. Propone que el país avance dejando de lado tácticas de control mediante detenciones arbitrarias.
Lo que no se dice: EL poder usa la detención para domesticar la oposición
Ramírez, acusado por supuesta corrupción, permaneció incomunicado casi un año en el Sebin, un centro conocido por la falta de garantías y trato inhumano, sin visitas ni llamadas. La falta de transparencia y el uso del arresto domiciliario como medida selectiva reflejan un sistema que administra la justicia con criterios políticos.
¿Y ahora qué? El desafío político que nadie quiere encarar
Tras su excarcelación, Ramírez insiste en que el cambio solo llegará con una oposición unida y preparada para exigir un nuevo Consejo Nacional Electoral. Hasta que el árbitro electoral no sea independiente, cualquier proceso es una farsa que perpetúa la crisis política y social.
Venezuela está en una encrucijada: o se rompe el ciclo de detenciones políticas y crisis institucionales o se profundiza la represión disfrazada de “reconciliación”. Nada indica que el régimen esté dispuesto a ceder sin una presión fuerte y sostenida. La pregunta es si los sectores políticos podrán enfrentar esa realidad con unidad y estrategia clara.