Eglée González Lobato: palabras sin riesgos en un país sin estado de derecho
La nueva Defensora del Pueblo asegura ser independiente y promotora del diálogo. Pero en realidad pasa de puntillas por lo esencial: la crisis institucional que mantiene a Venezuela encadenada.
En una entrevista con Venevisión, González Lobato evitó confrontar la dura realidad. Prefiere hablar de «privados de libertad» en términos oficiales, repitiendo un lenguaje que protege al poder, no a las víctimas.
Su discurso generalista y tibio llega cuando Venezuela carece de informes, registros y respuestas concretas. Hablar de una «democracia plena» en un país donde impera una autocracia no es solo una imprecisión: es un peligroso encubrimiento.
¿Revisión técnica de leyes que encarcelan?
La Defensora coincide con el gobierno en revisar la Ley contra el Odio, un instrumento usado para llenar las cárceles con presos políticos, sin juicios justos ni garantías. ¿En qué proceso judicial se ha probado esa «incitación al odio» real? Nadie lo sabe.
Libertad de expresión vs. control oficial
Mientras la Defensora señala las redes sociales por mensajes «anónimos y descontrolados», ignora que el poder destruyó el sistema de medios independiente, clausuró emisoras, encarceló periodistas y silenció críticos. Esta realidad está documentada y es el núcleo del problema, no las redes.
Hablar de «responsabilidades» como condición para la libertad de expresión es justificar la censura y la represión.
La verdadera responsabilidad de la Defensora
En un país donde los gobernantes rompieron el contrato con la sociedad y anularon derechos, la Defensora tiene un deber urgente: investigar y denunciar las violaciones de derechos humanos. Esto debe hacerse sin medias tintas ni discursos cómodos.
El reto está claro: una Defensoría con calle, pero también con coraje y compromiso real con la Constitución y los tratados internacionales.