Fiscalía cierra caso contra Boluarte pese a duplicar su sueldo: ¿protección o fallo de sistema?
Fiscalía peruana frena investigación a Dina Boluarte tras aumento salarial cuestionado
La Fiscalía de la Nación decidió archivar la denuncia constitucional por el decreto que duplicó el sueldo presidencial en julio de 2025, elevando la remuneración de 15.600 a más de 35.000 soles. Esta resolución excluye responsabilidad penal para la expresidenta Boluarte y su gabinete, pero despierta dudas serias en sectores jurídicos sobre la interpretación de la norma.
Decisión polémica en contexto económico tenso
La Fiscalía, bajo el mando de Tomás Gálvez, sostiene que no hay mérito suficiente para sostener las acusaciones y que el procedimiento fue «estrictamente ajustado a derecho». Sin embargo, la gravedad del aumento – 122 % en un Perú con fragilidad económica – y la eliminación de cualquier registro informático relacionado al caso abren interrogantes sobre transparencia y vigilancia real.
¿Dónde están los límites legales?
La denuncia planteada por el partido Voces del Pueblo señala una clara violación a la Ley de Remuneraciones del Sector Público. El tope para el sueldo presidencial se fija en 10 Unidades Remunerativas, aproximadamente 26.000 soles, cifra que se sobrepasó por decreto supremo. La Fiscalía excluye delitos como negociación incompatible o aprovechamiento indebido, pero la aparente contradicción entre la jerarquía normativa y el decreto aprobado abre un hueco legal al que nadie responde.
¿Un movimiento administrativo o un blindaje político?
El Ministerio Público justifica la rapidez del aumento alegando que las gestiones empezaron en marzo de 2024, no en febrero de 2025 como denunciaron los opositores. A pesar de este argumento, persiste la duda sobre la ética y oportunidad de un incremento tan significativo que afecta directamente las arcas públicas. El vacío que deja este archivo muestra la fragilidad de los mecanismos de control sobre decisiones financieras del Ejecutivo.
¿Qué viene después?
El silencio oficial frente a esta polémica deja abiertos numerosos riesgos: la puerta queda abierta para que futuros gobernantes modifiquen sus retribuciones sin límite real ni control eficaz. La sensación de impunidad puede reforzar una agenda política que prioriza beneficios propios sobre intereses públicos y estabilidad económica. Este caso, lejos de cerrarse, revela un sistema con más privilegios que rendición de cuentas.