Un paquete legal ahoga a Venezuela sin que se discuta en serio
Entre 2014 y 2024, un conjunto de leyes diseñadas bajo el gobierno de Nicolás Maduro ha consolidado un control absoluto, restringiendo libertades, limitando la participación ciudadana y blindando la corrupción.
¿Qué pasó?
Transparencia Venezuela hizo sonar la alarma: este marco legal no solo facilita la represión, sino que elimina el espacio para el trabajo humanitario y bloquea la recuperación económica. Para colmo, muchas de estas leyes carecen de respaldo constitucional sólido y chocan con normas internacionales de derechos y gobernanza.
¿Por qué esto cambia todo?
El entramado controla el poder ejecutivo, concentra decisiones sin supervisión y usa términos ambiguos como “odio” y “seguridad nacional” para penalizar la disidencia política. Las leyes de “Odio”, “Antibloqueo” y otras regulaciones actúan para silenciar, inhabilitar candidatos y mantener secretos los contratos públicos más sensibles.
Se elimina así la fiscalización, se oculta el uso del dinero público y se bloquea la inversión con controles cambiarios, controles de precios y mayores impuestos que asfixian al sector privado y al empleo formal.
¿Qué sigue?
Derogar estas leyes no es solo posible legalmente, es urgente para restaurar el Estado de derecho, el pluralismo político y la transparencia. Si no se hace, Venezuela seguirá hundida en la opacidad, la corrupción y el estancamiento económico, con una institucionalidad en manos de un poder ejecutivo incontrolado.
¿Estamos dispuestos a mirar hacia otro lado mientras esta erosión avanza?