La gran trampa constitucional: ¿Por qué Venezuela sigue sin liberarse?
¿Puede un país sobrevivir a su propia Constitución?
Viktor Frankl, tras sobrevivir Auschwitz, reflexionaba sobre la capacidad de elegir interiormente, incluso en las peores condiciones. En Venezuela, esta pregunta resuena fuerte: ¿cómo puede un pueblo dotado de enormes riquezas negarse a reconocer las cadenas invisibles que lo limitan?
La respuesta está quizá en nuestra propia Constitución, donde se revela una contradicción que atrapa nuestro destino.
La paradoja de la propiedad: un derecho garantizado y arrebatado
En el artículo 115, la Constitución afirma que todo ciudadano tiene derecho a la propiedad y a hacer uso pleno de sus bienes, con ciertas limitaciones legales. Pero más adelante, en los artículos 302 y 303, ese derecho es desvanecido: el Estado se reserva la totalidad del control sobre la industria petrolera, la principal fuente de riqueza del país.
Esto no es un simple detalle: es la raíz de un modelo donde la riqueza se concentra, el poder se centraliza y el ciudadano queda relegado a un papel de espectador, sin acceso real a la prosperidad ni a la libertad económica.
El peso del petróleo y la economía rentista
El petróleo ha sido durante casi un siglo la columna vertebral de la economía venezolana, generando una enorme dependencia estatal. Esta situación convirtió al país en un modelo rentista, donde el Estado controla los ingresos, pero no impulsa un desarrollo productivo o democrático.
El modelo rentista concentra poder, fomenta la exclusión y debilita el estado de derecho, generando círculos viciosos de corrupción y desigualdad.
- El control político queda en manos de una élite sin contrapesos reales.
- La mayoría queda excluida de decisiones clave.
- Las leyes se aplican de forma desigual para proteger intereses selectos.
- Se perpetúa una relación tóxica entre poder económico y político.
¿Democracia en construcción o en retroceso?
Venezuela es una democracia joven, construida con esfuerzo tras largos periodos de caudillismo y autoritarismo. Desde las primeras elecciones en 1860 hasta la Constitución de 1961, el derecho de propiedad y la participación ciudadana fueron pilares fundamentales.
Esa construcción institucional se basaba en la idea de que la libertad política y económica van de la mano. Pero la Constitución de 1999 invirtió esa ruta, concentrando poder y propiedad en el Estado, dificultando la creación de instituciones fuertes y limitando la libertad económica.
Instituciones, libertad y la trampa constitucional
Expertos en desarrollo institucional coinciden en que los derechos de propiedad son esenciales para el crecimiento y la libertad. Las instituciones establecen reglas claras, limitan abusos y dan certezas para la interacción social y económica.
Pero cuando el Estado controla de modo absoluto la industria clave, se fractura el equilibrio de poderes, se erosiona el estado de derecho y la democracia pierde terreno.
¿Hay salida?
La gran pregunta que queda flotando es si Venezuela podrá alguna vez reintegrar a sus ciudadanos el derecho efectivo a la propiedad y equilibrar sus poderes democráticos.
Porque mientras el modelo rentista y la concentración estatal persistan, la libertad seguirá secuestrada, y el futuro del país seguirá en una cuerda floja.
¿Podremos sobrevivir a esta trampa constitucional, o estamos condenados a repetirla sin salida? Viktor Frankl nos recuerda que, aun cuando todo parece perdido, siempre queda la libertad de elegir cómo responder. Pero en Venezuela, ¿podremos hacer esa elección?