Diez años preso, siete años sin sus bienes: la otra cara de la “justicia” venezolana

La justicia en Venezuela no es justicia

Kamel Salame Ajami, empresario y líder social, no es un delincuente común. Es la prueba viviente de que el sistema judicial venezolano puede encarcelar por una década a un inocente y luego negarse a devolverle sus bienes durante otros siete años, aun después de una sentencia absolutoria firme.

¿Qué pasó?

Un tribunal en Aragua absolvía a Kamel en 2021 tras 10 años preso bajo acusaciones fabricadas por su defensa política en Yaracuy. El Código Orgánico Procesal Penal es claro: al absolverlo, el Estado debe devolverle sus propiedades y cesar las medidas cautelares.

Pero nada de eso ocurrió. Los organismos encargados de restituir sus bienes, como el Servicio de Bienes Recuperados y el Saren, han ignorado por sistema la orden judicial. Kamel sigue sin acceso a su patrimonio, víctima de un limbo legal que el Estado venezolano mantiene por conveniencia o negligencia.

¿Por qué cambia el escenario?

Esta no es solo la historia de un secuestro legal que dura ya 17 años. Es un espejo claro del caos institucional al que ha llegado Venezuela. Cuando el poder ejecutivo y sus entes desconocen sentencias firmes, la independencia judicial queda en entredicho y el ciudadano común pierde bases mínimas de confianza.

El desacato a órdenes judiciales es una falta grave, con responsabilidad penal para quienes lo cometen. Pero aquí no hay consecuencias. La indefensión se vuelve política de Estado.

¿Qué sigue?

La defensa del empresario acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya reconoció violaciones graves al debido proceso. El Estado venezolano enfrenta ahora un parche internacional que no podrá ignorar fácilmente.

No será solo la devolución del patrimonio sino una indemnización por daños morales y materiales. Más importante: es una oportunidad para exigir respeto al Estado de Derecho, que hoy es letra muerta.

Si no se corrige este caso emblemático, la “justicia” seguirá siendo un espejismo para millones. Kamel Salame es símbolo de una injusticia que nos afecta a todos. ¿Cuántos más serán arrancados de sus derechos sin respuestas ni sanciones?

Mientras el silencio institucional persiste, la sociedad civil y el mundo deben tomar nota: un Estado que no cumple sus propias sentencias está cavando la tumba de la libertad y el derecho.

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