Un fraude con consecuencias que van más allá de lo electoral
La Asamblea Nacional elegida en mayo de 2025 está en el ojo del huracán. No por su composición, sino por la forma en que fue elegida. En medio de la crisis que atraviesa Venezuela, la legitimidad de este órgano es cuestionada como nunca antes, y con ella, la validez misma de sus decisiones.
¿Cómo puede una Asamblea afectar la seguridad jurídica de todo un país si su origen es cuestionable?
El fraude estructural detrás de las elecciones
No se trata solo de irregularidades dispersas. Lo que se abrió fue un capítulo de represión sistemática: detenciones, persecuciones y desapariciones temporales rodearon todo el proceso electoral. El miedo impregnó el ambiente, haciendo inviable cualquier ejercicio democrático auténtico.
Además, la técnica electoral falló a niveles preocupantes: fallas en postulaciones, exclusiones selectivas, validaciones dudosas y una inusual presencia policial en los centros de votación. Todo esto socava la transparencia y la competencia real entre partidos.
¿La participación? Un dato que no cuadra
Mientras el Consejo Nacional Electoral publicó una cifra oficial que roza el 43%, expertos y sectores opositores estiman que la participación verdadera fue mucho menor, entre 12% y 25%. La categoría usada para inflar la cifra ni siquiera tiene base en la ley electoral. ¿Qué dice esto sobre la veracidad del proceso?
El resultado: una Asamblea sin legitimidad real
Este órgano no proviene de una elección libre ni legítima. Es un instrumento diseñado para perpetuar al régimen actual, sin competencia ni igualdad de condiciones para sus participantes. En términos democráticos es ilegal y fraudulento desde su origen.
Las leyes de esta Asamblea: ¿válidas o nulas?
Más allá de contenido o intención, el marco jurídico es claro y tajante. La Constitución venezolana señala que cualquier autoridad usurpada y sus actos carecen de validez. Por eso la legislación emanada de esta Asamblea es, jurídicamente, nula en la raíz.
Incluso reformas clave, como la posible Ley Orgánica de Hidrocarburos, pueden ser revisadas y anuladas en cualquier futura transición democrática, pues nacieron bajo un órgano sin mandato auténtico.
¿Y si las leyes se aplican de facto?
El Tribunal Supremo y el Ejecutivo las aplican y ejecutan, creando una realidad de hecho. Pero esta eficacia práctica no cambia la carencia de legitimidad ni anula la posibilidad de que sean revocadas o anuladas más adelante.
¿Qué significa esto para las inversiones y contratos?
El riesgo jurídico se eleva al máximo. Empresas y actores económicos que negocien bajo las leyes de esta Asamblea espuria se enfrentan a una posible invalidación futura de sus acuerdos. Aunque hoy cuenten con respaldo oficial, podrían ver sus contratos desmoronarse en una eventual restitución del Estado de Derecho.
Esta incertidumbre ya ha generado reservas públicas incluso entre grandes empresas internacionales del sector petrolero.
¿Hacia dónde va Venezuela?
La Asamblea Nacional que hoy funciona carece de una base democrática y legal sólida. Sus decisiones pueden parecer legítimas en el corto plazo, pero a largo plazo abren una grieta en la seguridad jurídica del país que podría complicar cualquier transición futura y el restablecimiento del Estado de Derecho.
El verdadero desafío seguirá siendo cómo reconstruir la confianza en las instituciones y garantizar un escenario electoral y legal que permita una auténtica representación y estabilidad.