Nombramientos que desarman la confianza institucional
Las designaciones del fiscal general Larry Devoe y de la defensora del pueblo Eglée González cargan con un vicio de origen que amenaza el peso de dos instituciones claves para la justicia y la protección ciudadana.
¿Qué pasó?
Una ONG independiente, Acceso a la Justicia, alertó que estos cargos fueron asignados por un comité dominado por diputados del oficialismo, sin la participación necesaria de otros sectores ni la convocatoria adecuada del Consejo Moral Republicano, como exige la ley.
Por qué esto cambia el escenario
El proceso ocultó información vital: no hubo transparencia en la evaluación de los 155 aspirantes, desconocemos las puntuaciones y los criterios usados. Peor aún, no se presentó una terna por cargo, sino sólo dos opciones, incumpliendo la Constitución.
Esta realidad no es menor. Significa mayor riesgo de impunidad, violaciones de derechos y una justicia al servicio de agendas políticas, justo cuando la debilidad institucional ya asoma en el horizonte.
¿Qué viene después?
Confiar en instituciones sin controles efectivos potencializa el abuso y la discrecionalidad. El nombramiento de Devoe y González marca un precedente: la puerta abierta a procesos manipulados donde la justicia deja de ser imparcial.
La pregunta real es ¿quién vela por los ciudadanos si las personas encargadas de defenderlos responden a intereses políticos y no a la ley? Ignorar este problema hoy, puede ser la clave para un deterioro irreversible en la seguridad jurídica del país.