Guayana Esequiba ante La Haya: si no vamos el 4 de mayo, perdemos el juicio
Silencio ante La Haya no detiene el proceso contra Venezuela
El 4 de mayo no es una fecha más: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) espera que Venezuela defienda su reclamo sobre Guayana Esequiba. No presentarse es jugar en contra de nuestros propios intereses territoriales.
Qué está pasando realmente
Desde 2020, la Corte aceptó su jurisdicción en este conflicto, aunque Venezuela nunca dio consentimiento voluntario. La CIJ decidió avanzar igual y no detendrá el proceso si una de las partes falta a comparecer, según el artículo 53 de su Estatuto.
Además de aceptar la demanda de Guyana, Venezuela ya se hizo parte del juicio al presentar su contestación el 8 de abril de 2024, reconociendo implícitamente al tribunal. Por tanto, el escenario legal nos obliga a actuar con firmeza y no permitir que una ausencia otorgue ventaja al adversario.
Por qué este juicio es un riesgo estratégico
Guyana busca que la Corte ratifique el Laudo Arbitral de París de 1899, un acto que vulneró nuestro territorio y que intentan convertir en un derecho adquirido, mediante la llamada ‘Prescripción Adquisitiva’. Esto significaría validar la pérdida de 159.500 km² de territorio venezolano.
Apoyados por ciertos países y agrupaciones internacionales, Guyana quiere una sentencia rápida y definitiva que cierre el caso a su favor. No podemos entregar este derecho histórico bajo una interpretación jurídica que legitime el despojo.
Qué se viene y qué no debemos permitir
- El próximo 4 de mayo, nuestra delegación debe presentarse para exponer argumentos sólidos ante la CIJ.
- No presentarnos activaría una resolución unilateral que la Corte dictaría sin nuestra defensa, con consecuencias irreversibles.
- La decisión de participar o no corresponde al presidente, quien debe asumir esta responsabilidad como política de Estado, no como mero trámite gubernamental.
- Intentos anteriores de negociación directa o mediación están agotados. El caso está ahora en manos del derecho internacional, y sin nuestra participación, el desenlace será un fallo adverso definitivo.
La pregunta clave es clara: ¿vamos a dejar que la falta de presencia en la Corte sea la causa de perder soberanía y territorio? La respuesta no debería ser una duda para ningún venezolano consciente del valor de nuestro país y de sus derechos históricos.
Este no es un problema legal aislado; es una cuestión de seguridad territorial, institucionalidad nacional y defensa de la nación que no podemos descuidar.