Seis diferimientos judiciales y una estrategia de presión
Samantha Hernández, una adolescente de 16 años, lleva meses atrapada en un ciclo de audiencias pospuestas. La Fiscalía no la ha presentado ante la justicia ni una sola vez desde noviembre de 2025.
El abogado Carlos Trapani denuncia que estos retrasos no son incidentales: son una violación directa de los derechos de la joven. En total, la audiencia ha sido diferida seis veces sin explicación clara, una situación que agrava la incertidumbre y daña su bienestar mental.
¿Por qué esto cambia el panorama político y judicial?
La verdadera razón no está en trámites o fallas administrativas; Samantha está detenida por un vínculo familiar incómodo para el régimen: es hermana de un militar en el exilio, Christian Hernández Castillo. Esta detención – junto con la de su hermana Aranza – forma parte de una presión selectiva y metodológica contra familiares de personas perseguidas políticamente.
Este esquema, conocido como Sippenhaft, fue empleado por regímenes autoritarios históricos para castigar indirectamente a disidentes. Hoy reaparece disfrazado en el sistema judicial venezolano.
¿Qué puede seguir?
- Más dilaciones que erosionan la legalidad y los derechos básicos de menores.
- Profundización de una política judicial que usa a familiares como piezas de presión.
- Desgaste institucional que mina la confianza en mecanismos supuestamente imparciales.
- Urgente revisión de casos similares para evitar que se conviertan en la norma.
El silencio sobre estas prácticas y su encubrimiento bajo formalismos procesales no solo es inaceptable: es un peligro para el Estado de Derecho y la estabilidad social.