23 años presos: la injusticia que nadie quiere solucionar tras el 11 de Abril
23 años tras las rejas sin razones claras
Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina cumplen más de dos décadas en prisión por los hechos del 11 de abril de 2002. A pesar de que el código penal y las evidencias indican que ya deberían estar libres, siguen presos, lejos de sus familias y sin respuesta definitiva del sistema judicial.
¿Qué pasó?
Estos tres funcionarios fueron condenados por homicidio calificado en grado de complicidad, una figura que significa participación indirecta, y no por homicidio intencional ni delitos de lesa humanidad. Aún así, recibieron la máxima pena de 30 años. Algunos de sus compañeros con condenas similares cumplen ya medidas alternativas o están libres por razones humanitarias. Ellos no.
Un juicio marcado por órdenes políticas
La familia y los defensores sostienen que su condena no fue estrictamente judicial. El ex presidente de la Sala de Casación Penal reconoció públicamente que decisiones fueron tomadas bajo presión política directa de Hugo Chávez, aceptando haber atentado contra la justicia para castigar a funcionarios que actuaron en un contexto de orden público.
La negativa sistemática a la amnistía
Aunque debían aplicar beneficios legales hace años, las solicitudes de amnistía para estos policías han sido consistentemente rechazadas. Esto a pesar de que el incumplimiento de tales beneficios provoca una sanción que raya en prisión perpetua, violando el marco jurídico y derechos humanos.
Las familias como víctimas invisibles
Lejos de sus hogares y con visitas limitadas por la crisis económica, sus familias viven una espera cruel. Padres que envejecen sin ver alivio, hijos que crecieron sin sus padres y un país que no ha expresado voluntad real para cerrar este capítulo marcado por la politización de la justicia.
Lo que viene
La persistencia en mantener a estos hombres presos sin fundamento legítimo tiene un costo institucional creciente. Revela un sistema que sacrifica economía, legalidad y confianza ciudadana en nombre de una agenda política persistente. La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo la justicia será rehén de decisiones impuestas desde el poder y no del verdadero Estado de derecho?