Fiscalía desestima amnistía y persiste en persecución a Martha Lía Grajales
El Ministerio Público insiste en investigar a Martha Lía Grajales, aun cuando un tribunal le concedió amnistía el 22 de febrero de 2026.
Semanas después de esta medida judicial, la Fiscalía 52 Nacional informó que no le devolverá el teléfono ni el pasaporte hasta concluir sus peritajes, siguiendo órdenes de instancias superiores que ignoran la decisión del Juzgado Primero de Control.
¿Por qué esto cambia el juego?
Se está violando el principio de cosa juzgada, un pilar del Estado de Derecho, al mantener abierta una causa contra alguien ya amnistiada. Este tipo de maniobras refleja una Fiscalía que actúa bajo presiones políticas, más allá del marco legal.
Lo que viene: más arbitrariedades e incertidumbre legal
El caso de Grajales data de agosto de 2025, tras su detención en una manifestación frente a la sede de la ONU en Caracas. Desde entonces, la acusación depende únicamente de un “ciberpatrullaje” y pruebas cuestionables, incluyendo evidencia obtenida tras agresiones de grupos parapoliciales.
Por órdenes anteriores del exfiscal Tarek William Saab, se le imputaron delitos graves sin pruebas sólidas, sustentando una criminalización de la defensa de derechos humanos.
Ahora, con la Fiscalía ignorando la amnistía, se abre un peligroso precedente para el sistema judicial y para quienes cuestionan al poder. Surgentes, la ONG que Grajales codirige, ya anuncia que recurrirá a instancias internas y la Defensoría del Pueblo para exigir respeto a la ley.
Esto importa más de lo que parece. La integridad de las instituciones está en juego, y con ella, la seguridad jurídica de cualquier ciudadano frente a una Fiscalía que parece actuar por agendas políticas, no por justicia.