¿Quién controla hoy la Fiscalía? La respuesta es Larry Devoe
El 9 de abril la Asamblea Nacional aprobó la designación de Larry Devoe como Fiscal General, consolidando así una institucionalidad al servicio de Delcy Rodríguez y el poder centralizado.
Devoe no es un extraño. Es un funcionario de confianza con amplia trayectoria dentro del Estado chavista, que combina roles jurídicos, diplomáticos y políticos. Pero también está marcado por cuestionamientos internacionales y reclamos por falta de imparcialidad.
Una carrera al servicio del poder, no de la ley
Desde sus inicios en la Defensoría del Pueblo hasta cargos en Conatel, Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Derechos Humanos, Devoe ha sido un funcionario “multicargos” vinculado estrechamente al gobierno.
Su trabajo en escenarios internacionales ha sido repetir la narrativa oficial: negar violaciones a derechos humanos, desvirtuar denuncias creíbles y bloquear organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Rechazó la competencia de la Corte Penal Internacional para investigar crímenes en Venezuela.
- Defendió la inexistencia de presos políticos y condiciones carcelarias cuestionadas.
- Fue incluido en la lista de sancionados por Canadá en 2019 por su papel en la crisis venezolana.
Más que técnica, un operador político
Aunque su perfil incluye maestrías en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, su historia confirma un desempeño subordinado a la agenda política oficial, no a la independencia judicial.
Su ascenso al cargo se dio tras un proceso controlado desde dentro del régimen, tras la renuncia de su antecesor, confirmando que la Fiscalía seguirá alineada al poder político en lugar de proteger la legalidad.
¿Qué significa esto para Venezuela?
La imposición de Larry Devoe al frente del Ministerio Público aumenta la desconfianza sobre la autonomía de la justicia, esencial para restaurar la institucionalidad y la seguridad jurídica.
Con un Fiscal General cuestionado y vinculado al oficialismo, el sistema judicial se vuelve otro engranaje más para neutralizar la oposición y desarticular los controles legítimos.
¿Cómo avanzar entonces hacia un Estado de derecho cuando los órganos encargados de la justicia sirven a intereses políticos?