Sucre lleva semanas sin agua. ¿La causa oficial? Un movimiento sísmico que dañó el túnel de trasvase Guamacán en Turimiquire.
El 24 de febrero Cumaná, Araya y Marigüitar quedaron sin suministro. Pero la verdad es otra: la crisis no es momentánea, y la reparación no avanza como prometieron.
¿Qué cambió?
Desde entonces, no solo se restringe el uso del agua en actividades básicas, también se rompió la rutina de cientos de miles, incluyendo personas vulnerables como Michelle Galatón, quien debe cargar agua pese a ser un riesgo para su salud.
Más de 500,000 habitantes han visto su vida afectada por la falla, obligados a comprar agua a precios exorbitantes o buscar ríos y cisternas con escasa frecuencia. El bolsillo se quiebra con gastos que superan a menudo el salario de un trabajador común.
¿Un fallo técnico o falta de mantenimiento?
El Gobierno culpa a un sismo; la realidad que nadie explica es que el sistema estaba al borde del colapso por décadas de abandono. Tampoco se garantiza seguridad ni transparencia en las reparaciones: ocho técnicos quedaron atrapados y la gestión oficial no dio respuestas claras.
Impacto en la economía y educación
Negocios paralizados. Instituciones educativas cerradas o con clases híbridas improvisadas. El gremio de economistas exige exoneraciones fiscales ante las pérdidas. La Cámara de Comercio y colegios profesionales denuncian falta de inclusión en las soluciones.
¿Qué sigue?
Sin un cronograma público y sin capacidad para atender la demanda, la crisis sólo empeorará. La falta de planificación y la improvisación administrativa abocan a Sucre a una emergencia social mayor, que las autoridades no logran controlar ni siquiera para proteger a los sectores más vulnerables.
La pregunta sigue abierta: ¿Hasta cuándo se ocultará la verdad sobre el caos hídrico en Turimiquire y cuántos más deberán pagar por la negligencia estatal?