Tribunal rechaza sobreseimiento a estudiante tras más de tres años preso
Jonathan Carrillo, estudiante de Comunicación Social y trabajador administrativo en la Asamblea Nacional, sigue bajo proceso penal pese a la ley de amnistía. El Tribunal Tercero de Juicio especializado en terrorismo negó su sobreseimiento, manteniendo imputaciones graves.
De qué se le acusa y qué ocurrió realmente
Carrillo enfrenta cargos por migración ilícita, falsificación de documento público, usurpación de funciones y asociación para delinquir. Estuvo detenido desde julio de 2022 hasta febrero de 2026. A pesar de la ley de amnistía aprobada, el tribunal concluyó que su caso no encaja en el artículo 8 de dicha norma.
Lo que nadie cuenta: un mecanismo judicial selectivo que prolonga procesos
La negativa no solo afecta a Carrillo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denuncia que varios tribunales con competencia en terrorismo ignoran o rechazan solicitudes de sobreseimiento amparadas en la ley. La comunicación formal se reduce a un mensaje de WhatsApp y la posibilidad de apelación queda en manos del acusado, mostrando claras deficiencias procesales.
Consecuencias para la justicia y el Estado
Este caso desnuda un sistema que instrumentaliza la legalidad para mantener presos a ciudadanos bajo criterios cuestionables. La aplicación irregular de la ley de amnistía compromete la confianza en las instituciones y amplía la sensación de inseguridad jurídica para quienes enfrentan la justicia.
¿Qué viene ahora?
Si no se corrige este patrón, se multiplicarán casos como el de Carrillo. La demora y obstrucción en procesos judiciales compromete la legalidad y alimenta un ambiente de opacidad institucional que pocos se atreven a cuestionar públicamente.