El país enfrenta un vacío de poder legal inédito
La ausencia presidencial en Venezuela no tuvo definición formal tras cumplirse el plazo constitucional de 90 días. Esto no es un detalle técnico; es un golpe directo al orden institucional.
Qué ocurrió
Tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, el Tribunal Supremo declaró una ausencia temporal y designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. La Constitución exige que, luego de 90 días, la Asamblea Nacional determine si la ausencia es absoluta. Esa fecha ya pasó. Ni el Parlamento ni el TSJ han pronunciado una decisión clara.
Por qué esto cambia el juego
El silencio institucional no es simplemente una falta de respuesta, es un vacío legislativo que paraliza al país y pone en jaque la estabilidad democrática. Ignorar la obligación constitucional es dejar el país sin un liderazgo legítimo, en una crisis política y social que se profundiza día a día.
Qué sigue
La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo deben actuar ya, no para negociar posiciones políticas, sino para aplicar el marco constitucional. La indefinición actual no puede prolongarse sin consecuencias graves para la gobernabilidad y la seguridad jurídica. La Constitución no puede estar en pausa y las instituciones tampoco.
¿Cuánto más puede aguantar Venezuela esta parálisis que amenaza con derrumbar sus frágiles instituciones?