¿Qué está pasando con Verónica Petit? Un año de prisión domiciliaria sin explicación clara.
Verónica Petit, una mujer de 34 años, lleva casi un año confinada en arresto domiciliario tras denunciar irregularidades en el proceso de custodia de su hijo de 5 años.
Los cargos contra ella —desacato, incitación al odio y ahora tráfico de sustancias— crecieron después de que publicó detalles en redes sociales sobre su caso familiar, que involucra a su expareja con presuntos vínculos en la cúpula judicial de Carabobo.
¿Por qué esto cambia todo?
- La defensa no tiene acceso oportuno al expediente judicial, retrasando apelaciones y violando sus derechos processales.
- Una denuncia por violencia de género fue cerrada sin notificación, imposibilitando una defensa legítima.
- Se usaron órdenes judiciales presuntamente falsificadas para intentar trasladar a Petit, situación admitida incluso por un juez.
- Cargos adicionales aparecieron repentinamente, sin investigación previa, apuntando a una estrategia de presión que mantiene en jaque a una mujer con epilepsia.
- Vínculos familiares directos entre su expareja y un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia sugieren manipulación y parcialidad en el caso.
¿Qué consecuencias reales enfrentamos?
La justicia está en entredicho. El hijo de Petit corre el riesgo real de ser sacado del país sin supervisión estatal, mientras que una madre queda presa de un sistema que no garantiza equidad ni legalidad.
La ausencia de respuesta efectiva de organismos públicos, desde el Ministerio Público hasta la Defensoría del Pueblo, suma a la crisis institucional y abre una puerta peligrosa a la manipulación política dentro del poder judicial.
¿Qué viene ahora?
Es urgente una investigación independiente que desmonte esta presunta red de influencias y nepotismo. No hacerlo implica normalizar la coacción judicial que puede afectar a más ciudadanos.
La liberación de Verónica Petit y la restitución de la custodia de su hijo deben ser prioridades inmediatas para resguardar la legalidad y la justicia efectiva en el sistema.
Este caso es más que una disputa familiar: es un llamado de alerta sobre cómo las agendas políticas pueden distorsionar el funcionamiento de nuestras instituciones clave.