Silencio judicial bajo órdenes políticas
Carlos Julio Rojas, periodista y crítico del régimen, denuncia un retraso ilegal de más de un mes en la respuesta a su solicitud de amnistía. Según él, el Tribunal 1 en materia de terrorismo «espera órdenes de arriba» antes de procesar su caso.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Este bloqueo no es casual. Busca amedrentar a quienes protestan pacíficamente y debilitar cualquier oposición al gobierno de Delcy Rodríguez. La amnistía, una herramienta legal para liberar presos políticos y garantizar derechos, se convierte en instrumento de control autoritario.
El retraso viola de forma flagrante los plazos legales establecidos en la Ley de Amnistía, que exige una respuesta en 15 días. Este incumplimiento no solo deniega justicia sino también avala la represión bajo un supuesto marco legal.
Consecuencias inmediatas y próximas
- Se perpetúa un sistema que substituye la democracia por el autoritarismo con apariencia institucional.
- Se criminaliza no solo la protesta, sino también expresiones culturales, como la Quema de Judas, usada tradicionalmente para cuestionar el poder.
- La falta de transparencia sobre los beneficiados por la amnistía, pese a una ley amplia, muestra cómo el régimen filtra y controla la justicia a su favor.
- El caso Rojas ejemplifica cómo la justicia es rehén de una agenda política que prioriza el control y la persecución antes que la legalidad y la seguridad ciudadana.
La pregunta es clara: ¿cuántos otros casos están siendo igualmente bloqueados para evitar visibilidad y presión internacional? La respuesta al silencio judicial será la continuación del autoritarismo disfrazado de legalidad. Sin una justicia independiente, Venezuela está lejos de la transición democrática que dicen buscar.