Fuerte cuestionamiento a la designación de fiscal y defensor del pueblo
La ONG venezolana Provea denuncia un proceso poco transparente para elegir al nuevo fiscal general y defensor del pueblo. En vez de pluralidad exigida por la Ley del Poder Ciudadano, el Comité de Postulaciones está dominado por el PSUV, excluyendo a universidades, gremios y sociedad civil.
Provea solicita entrevistas abiertas, publicación de currículos y mecanismos claros para que la ciudadanía pueda objetar candidaturas. Sin estos pasos, advierten, no habrá autoridades legítimas.
¿Por qué importa este proceso cerrado?
El fiscal y el defensor deben ser representantes de todos, no piezas designadas a puerta cerrada por el partido oficial. Esta falta de transparencia fortalece un modelo institucional desgastado y cuestionado.
Además, la OEA ha manifestado que esta elección podría ser clave para una supuesta reconciliación nacional y transición democrática. Sin embargo, el contexto muestra renuncias recientes de funcionarios vinculados al chavismo y un proceso con candidatos que mantienen nexos políticos evidentes.
Qué viene después
El Parlamento recibió 21 candidaturas, pero sin garantías claras de imparcialidad y pluralidad, la legitimidad de los resultados queda en entredicho. Si se mantiene un esquema cerrado, no solo se debilitan las instituciones, sino que se profundiza la desconfianza ciudadana y se posterga cualquier avance real en legalidad y rendición de cuentas.