La justicia venezolana atrapada en un ciclo de persecución política
Familiares y abogados de comisarios y agentes de la extinta Policía Metropolitana han denunciado que la Corte de Apelaciones de Aragua bloquea sistemáticamente la amnistía para los involucrados en el caso 11 de abril de 2002, a pesar de que cumplen con los requisitos legales para su libertad.
Un proceso viciado y decisiones sin sustento
El tribunal mantiene presos a funcionarios sin crímenes de lesa humanidad comprobados, imputándoles homicidio en grado de complicidad a través de un proceso cuestionado. Se aporta además una carta certificada de un exmagistrado que admite haber recibido instrucciones políticas para condenar sin pruebas reales, confirmando que el sistema judicial actúa como brazo de persecución política.
Amnistía selectiva: un golpe a la legalidad y derechos
Los jueces ignoran fórmulas legales alternativas como trabajo, régimen abierto o libertad condicional, ignorando más de veinte años de encarcelamiento. La ley de amnistía se aplica de forma arbitraria y excluyente, demostrando que la independencia judicial está subordinada a agendas políticas, no al respeto de derechos o al estado de derecho.
Cuándo terminará esta injusticia y qué viene después
Con familias destrozadas y vidas perdidas esperando justicia, el llamado es claro: Venezuela debe reformar urgente su sistema judicial para impedir que expedientes manipulados y decisiones políticas marquen el destino de inocentes. De no hacerlo, será imposible restaurar la confianza en instituciones clave para la estabilidad y seguridad del país.