Una protesta que va más allá de la imagen religiosa
Treinta personas, entre familiares de presos políticos y miembros de una agenda política opositora, realizaron un viacrucis la noche del miércoles frente a la prisión Rodeo I, cerca de Caracas.
El ritual, cargado de símbolos – túnicas moradas, velas y una figura de Jesucristo – busca llamar la atención sobre una realidad que el discurso oficial busca minimizar: decenas de presos mantienen la tensión tanto en lo legal como en la seguridad institucional.
El contexto que el poder quiere ocultar
La manifestación se originó a partir de un campamento establecido por familiares en las afueras de la cárcel, tras anuncios de liberación y amnistía que, en la práctica, solo alcanzaron a una pequeña parte de los detenidos.
El régimen de visitas no llega a 15 minutos por semana, obligando a las familias a interactuar a gritos desde un cerro cercano, un detalle que expone cómo la institución mantiene un control estricto que va más allá de la simple custodia.
Lo que realmente está en juego
Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), define al Rodeo I como un “centro de tortura” y denuncia que aún hay más de cien presos políticos. El daño va mucho más allá: el impacto psicológico, emocional y económico para las familias es insoportable y se mantiene silenciado.
Incluso con una ley de amnistía aprobada en febrero, esta excluye numerosos casos, especialmente los ligados a situaciones más controversiales que el poder no quiere abrir al debate.
¿Qué viene después?
Mientras las familias resisten y exponen públicamente la crisis, el gobierno mantiene el status quo. La ley de amnistía cuenta con importantes huecos legales y el escenario institucional resiste la presión para una reforma real.
La pregunta que queda abierta es si este tipo de movilizaciones puede forzar un cambio real en un sistema que, hasta ahora, opta por la exclusión y el silencio como estrategia.