Venezuela 2026: ¿Nuevo enclave autoritario bajo disfraz constitucional?
¿Qué está ocurriendo realmente en Venezuela?
El 3 de enero de 2026, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sorprendió al país al ordenar que Delcy Rodríguez asuma todas las funciones presidenciales bajo una figura jurídica inexistente: la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro. Esta sentencia viola la Constitución de 1999, ignora el mandato para convocar elecciones y busca perpetuar el poder del oficialismo sin controles.
¿Por qué este fallo cambia el tablero institucional?
Lo que está en juego es más que un simple cambio administrativo. Es la confirmación de un enclave autoritario: una institución clave del Estado convertida en guardiana de una agenda política parcial, no del interés nacional ni de la legalidad. La Sala Constitucional ha abandonado su rol de árbitro constitucional para avalar actos inconstitucionales desde 2000, minando la separación de poderes y la democracia.
Este no es un caso aislado
Venezuela arrastra desde hace años este patrón: el atrincheramiento institucional. Como en otras transiciones truncas en Turquía, Portugal y Chile, las fuerzas en el poder establecen mecanismos legales para blindar su mandato. En Venezuela, instituciones como el TSJ, el BCV, la FAN, Conatel o Seniat están colonizadas y subordinadas al oficialismo, no a la sociedad ni al estado de derecho.
¿Qué consecuencias trae esta dinámica?
- La descarada interpretación de la Constitución para crear normas ad hoc abre paso al anarcoconstitucionalismo, un caos jurídico que destruye la legitimidad estatal.
- Consolidar este interinato significa negar la voluntad mayoritaria y retrasar indefinidamente el proceso democrático y electoral.
- El oficialismo impulsa otro atrincheramiento en la Fiscalía General, ignorando figuras equilibradas y prudentes, poniendo en riesgo la estabilidad institucional y social.
¿Qué queda por delante?
Está en manos de la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional decidir si validan esta mutación autoritaria o permiten que la transición democrática, iniciada el 5 de enero de 2026, avance. El desafío es claro: evitar que Venezuela se hunda en un autoritarismo disfrazado de legalidad, y asegurar que la democracia y el Estado de derecho recuperen su vigencia real, no solo en el papel.
¿Nos cuentan la verdad o estamos frente a la última maniobra para retrasar el cambio?