INTT refuerza control vial en Caracas: ¿qué ocultan tras la ‘Semana Santa Segura’?
INTT despliega control vial en el corazón del país
El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), bajo el liderazgo de Luis Granko, lanzó un operativo masivo en las vías más transitadas de Miranda, La Guaira y Distrito Capital. La puesta en escena responde a una estrategia que va más allá de la simple vigilancia: buscan controlar y condicionar la movilidad durante Semana Santa.
¿Qué ocurrió realmente?
Granko supervisó personalmente puntos neurálgicos de la Gran Caracas, asegurando el despliegue total de funcionarios y equipos de auxilio vial. La labor oficial pretende ofrecer un acompañamiento «preventivo» y una atención integral —palabras que en estos contextos suelen encubrir una presión y control más rígidos sobre ciudadanos y transportistas.
Además, se confirmó la coordinación directa entre diferentes cuerpos de seguridad bajo las órdenes precisas de las autoridades políticas más cercanas al poder, como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Este enfoque articulado pone en jaque la libertad de circulación y marca un precedente en el uso de recursos estatales para una supervisión intensiva bajo la excusa de la «paz territorial».
Por qué esto cambia el escenario
No se trata solo de proteger a los temporadistas o garantizar el traslado seguro de las familias durante las vacaciones. Este tipo de despliegues masivos suele abrir puerta a un control social más estratégico, donde el Estado se posiciona para monitorear, restringir y disciplinar a la población bajo pretextos de seguridad y orden público. Una agenda que pocos cuestionan, pero que afecta directamente la cotidianidad y la movilidad libre ciudadana.
Lo que viene
Si este modelo de supervisión se mantiene y extiende, podríamos estar frente a un endurecimiento sostenido en la vigilancia de la población civil. Más controles en las vías, mayor presencia policial, y un protagonismo creciente de instituciones que, bajo la apariencia de prevención, buscan moldear y limitar el espacio cívico. La pregunta es: ¿hasta dónde soportará el ciudadano esta lógica de vigilancia permanente con el costo en libertad y derechos?