Roig usa la excusa legal para frenar el aumento del salario mínimo
El verdadero obstáculo no es la ley, sino la falta de voluntad política
Jorge Roig, líder de Fedecámaras, condiciona el incremento del salario mínimo a una reforma laboral previa. Una versión que distorsiona la realidad jurídica del país.
Lo cierto es que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Trabajo permiten al Ejecutivo ajustar el salario mínimo por decreto, sin necesidad de reformar la ley. Este mecanismo se ha aplicado varias veces en Venezuela, sin impedimentos legales.
Entonces, ¿por qué esta insistencia en vincular el aumento salarial a un cambio legislativo? Porque en realidad el problema es estructural: la economía en crisis, la falta de acuerdos entre actores sociales, y una agenda política fragmentada que evita enfrentar una solución justa al salario.
Mientras el mínimo sigue congelado en 130 bolívares desde 2022, equivalentes a 0,28 dólares al mes, el llamado aumento anual se registra solo en bonos no salariales, que no impactan en prestaciones ni beneficios laborales reales.
¿Qué significa esto para el futuro?
- Las falsas excusas legales prolongan la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos.
- El deterioro de la remuneración amenaza la estabilidad social y la confianza en las instituciones.
- La salida no está en la ley, sino en la decisión política y ajustes económicos reales.
El tema divide opiniones, pero queda claro: no es la ley la que retiene el salario mínimo, sino los intereses que prefieren mantenerlo bajo bajo la falsa bandera de la reforma laboral.