Israel aprueba pena de muerte para terroristas: ¿un cambio irreversible?
Pena de muerte legalizada para ataques terroristas: un antes y un después en Israel
Este lunes, la Knéset iran un paso decisivo con la aprobación de una reforma que introduce la pena de muerte para condenados por asesinatos terroristas. La medida, impulsada por el partido del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, cambia reglas que estaban vigentes desde 1962 y abren un capítulo complejo en materia de seguridad y legalidad.
Qué pasó exactamente
Hasta ahora, Israel aplicaba la pena de muerte solo en crímenes extraordinarios, pero con esta reforma se obliga a tribunales militares en Cisjordania —territorio bajo control israelí— a imponer la pena capital salvo contadas excepciones no claramente definidas.
Esta reforma llega tras largas negociaciones y la aprobación del presupuesto 2026, donde toda la coalición de Netanyahu respaldó la ley, que afecta principalmente a palestinos juzgados en tribunales militares.
Por qué esto cambia el escenario
- Judicialización militar sin garantías: La nueva norma permite penas de muerte decididas con mayoría simple y sin necesidad de que la fiscalía lo solicite.
- Aplica principalmente a palestinos: En la práctica, ‘terrorista’ es un término que puede incluir desde atacantes reales hasta quienes lanzan piedras o residentes ilegales en Cisjordania.
- Doble sistema legal: Israelíes se juzgan en tribunales ordinarios con opción a cadena perpetua, lo que dificulta aplicarles esta pena.
- Ejecutiones rápidas y secretas: La condena se ejecutará en 90 días por ahorcamiento, con identidad de verdugos oculta y presencia controlada.
- Control político sobre indultos: No se admiten conmutaciones para palestinos y solo el primer ministro podrá postergar la ejecución bajo ‘razones especiales’.
- Aumento de tensiones y cuestionamientos: Organismos internacionales y ONG alertan sobre violaciones al derecho internacional y ausencia de garantías judiciales.
Qué podría venir después
El cambio no termina aquí. Se espera la aprobación de otra ley que aplicaría la pena de muerte a participantes en los ataques del 7 de octubre, fortaleciendo un régimen legal que endurece aún más la seguridad a costa de legalidad y derechos.
Mientras tanto, la situación en las prisiones es un foco rojo: 100 palestinos han muerto en reclusión en condiciones que diversas ONG califican de tortura y negligencia sistemática.
Este giro emergente debilita aún más la confianza en las instituciones y abre una puerta para escaladas difíciles de manejar. La pregunta es clara: ¿a qué costo se busca la seguridad cuando se comprometen garantías legales fundamentales?