Presos 23 años sin una explicación coherente
Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, ex policías metropolitanos, cumplen desde abril de 2003 una condena de 30 años tras un proceso judicial tan largo como cuestionado.
¿Qué pasó?
El 3 de abril de 2009, en el juicio más extenso del país, fueron sentenciados por homicidio calificado frustrado y lesiones, vinculados a los hechos de abril de 2002, cuando una marcha hacia Miraflores terminó en una refriega con 17 muertos.
Los tres se presentaron voluntariamente ante las autoridades y desde el primer día mantienen su inocencia. Sin embargo, la justicia les negó amnistía y beneficios procesales previstos en la ley, como salidas laborales que ya podrían haberse concedido tras cumplir años de condena.
¿Por qué esto transforma el escenario?
La decisión de la Corte de Apelaciones de Aragua, que rechazó la solicitud de amnistía con el argumento de «preservar la democracia y la seguridad», choca con la realidad: no hay democracia plena ni seguridad para el venezolano común.
Mientras tanto, figuras vinculadas al régimen, como Jorge Arreaza, desestiman la justicia real y la equidad, recordando solo selectivamente casos pasados para justificar un patrón de castigo político y doble moral en el sistema judicial.
¿Qué viene después?
Sin admitir errores ni revisar caso por caso, el Gobierno compromete aún más la confianza en instituciones clave. La negación persistente de la justicia ecuánime alimenta resentimientos, polariza y refuerza la percepción de que en Venezuela existen dos estándares de ley.
El destino de estos presos marca una línea roja sobre cómo se administra la justicia en el país y qué tan profundo es el divorcio entre el discurso oficial y la realidad que afrontan los ciudadanos.