Protestas laborales bloqueadas: el verdadero rostro de la «reconciliación»
Este viernes, representantes del Acuerdo Unitario de Trabajadores acudieron al Ministerio Público para presentar una denuncia formal. El motivo: violaciones sistemáticas a la libertad de expresión y al derecho a la manifestación pacífica durante la jornada nacional del 23 de marzo.
¿Qué ocurrió?
Los trabajadores documentaron una serie de acciones que, lejos de ser aisladas, forman parte de una estrategia para sabotear sus protestas. Ana Yánez, vocera del Comité Nacional de Conflictos y coordinadora de central ÚNETE, denuncia que el Estado quiere monopolizar el espacio público mientras suprime a quienes exigen condiciones dignas y respeto a sus derechos.
En Caracas, la Policía Nacional Bolivariana y grupos armados civiles conocidos como “colectivos” bloquearon accesos clave a instituciones como el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía. Las escenas incluyen agresiones y amenazas hasta contra adultos mayores.
En otras regiones, la respuesta fue similar: desde Guatire, donde se amenazó con decomisar celulares, hasta cierres y cercos policiales en ciudades como Punto Fijo, Cumaná y Maracay, todo para impedir las movilizaciones.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Lo que está en juego supera la mera protesta. Según el artículo 51 de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Estado tiene la obligación de proteger estos derechos. Pero en su lugar, instrumentaliza las fuerzas de seguridad para criminalizar y reprimir a los trabajadores.
Esta denuncia abre una grieta en el discurso oficial que habla de «reconciliación nacional» mientras convierte a la policía en fuerza de choque para una agenda política sectorial.
¿Qué sigue?
Los gremios exigen una investigación penal que identifique a los responsables de las agresiones y las órdenes para restringir la protesta legítima. Mientras, advierten que la agenda de movilización para exigir salarios dignos y respeto sindical continuará, sin ceder ante los intentos de amedrentamiento.
La cuestión es clara: o se garantiza la legalidad y derechos básicos, o la conflictividad social seguirá subiendo de nivel, con consecuencias directas para la estabilidad institucional y económica del país.